Celebradas las elecciones autonómicas el 25 de mayo de 2003, el Partido Popular se hizo con la victoria pero quedó a un escaño de la mayoría absoluta. El PP se quedó con el 46,67% de los votos en la Comunidad de Madrid (55 diputados) y a un escaño de los sumados por el Partido Socialista Obrero Español-Federación Socialista Madrileña (39,99%, 47 escaños) e Izquierda Unida (7,68%, 9 escaños).
Sin embargo, la elección de un gobierno bipartito de izquierdas no se consumó debido a la deserción desde las filas socialistas de Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, que pasaron al grupo mixto sin apoyar a ningún candidato. Se destaparon entonces las crisis solapadas de la Federación Socialista Madrileña, y ambos diputados alegaron el incumplimiento de acuerdos previos a las elecciones del Grupo Socialista con Izquierda Unida y las excesivas exigencias (consejerías) que este último grupo pedía.[cita requerida]
Mariano Fernández Bermejo, quien fue ministro de Justicia del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, declaró durante la campaña electoral de 2007 que la investigación judicial respecto al caso fue bloqueada por elFiscal General del Estado Jesús Cardenal, nombrado por el gobierno de José María Aznar, sin que se retomase tras la ascensión del PSOE al poder.[9]
En la comisión de investigación abierta en el parlamento madrileño se descubrió que los tránsfugas habían llamado desde su escaño a un conocido abogado del Partido Popular para concertar sus movimientos, que las habitaciones de hotel en las que se refugiaron, protegidos por guardaespaldas colaboradores habituales de Intereconomia, fueron pagadas por dos conocidos militantes y constructores del PP, Francisco Bravo y Francisco Vázquez, y que se habían reunido con el responsable de las finanzas del Partido Popular en la comunidad, Ricardo Romero de Tejada. Se descubrió adicionalmente que otro empresario urbanístico simulaba tener contratado a Romero de Tejada en una tienda de fotocopias de su propiedad. Los dos constructores implicados obtuvieron poco después una recalificación de sus terrenos del municipio de Villaviciosa de Odón que permitió aumentar su edificabilidad.[10]
La comisión de investigación fue suspendida con los votos del Partido Popular.
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